Prohibición de créditos y préstamos
Además, no se podrá conceder más de una licencia por localidad. La ciudad de Madrid es la excepción: permitirá hasta dos nuevas licencias cada año.
Los establecimientos de juego y sus propietarios tampoco podrán ofrecer a sus clientes créditos, préstamos, dinero en efectivo u otras ayudas financieras. La limitación es supuestamente una medida de protección de los consumidores, ya que reducirá la posibilidad de que se produzcan apuestas impulsivas.
El nuevo decreto de Madrid también incluye instrucciones para evitar que los menores de edad y las personas inscritas en el Registro de Interdicciones (la lista de exclusión del juego) realicen apuestas en los quioscos de apuestas hípicas.
Paralelamente a la normativa aprobada, el Consejo de Gobierno incluyó recientemente en la llamada Ley Ómnibus la reforma de la Ley del Juego. Ésta modificará el régimen sancionador para conciliar la protección de los más propensos a la adicción al juego. El proyecto de ley ya está en manos de la Asamblea Legislativa regional.
El juego en Madrid está estrictamente controlado
Madrid se rige por una estricta legislación en materia de juego que ha incorporado más cambios en los últimos tiempos. Los locales de juego y apuestas de la comunidad autónoma tienen los horarios más restrictivos del país. Además, desde finales de 2019, el Gobierno regional ha suspendido la apertura de nuevos establecimientos.
En Madrid hay unos 700 establecimientos de juego autorizados, entre los que se encuentran 32 bingos y cuatro casinos. La mayoría de los negocios del sector se encuentran en la ciudad de Madrid.
En 2020, el Gobierno regional activó un nuevo Plan de Inspección para el acceso a los locales de apuestas. El objetivo era introducir un control exhaustivo del cumplimiento de la normativa de juego. También se controlará el acceso de los consumidores a los inmuebles y se ofrecerá una mayor protección a los menores y a los colectivos vulnerables.
Además, el Ejecutivo regional aprobó destinar el 0,7% de la recaudación de los impuestos sobre el juego a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía. En términos reales, esto supone unos 1,2 millones de euros (1,31 millones de dólares) anuales.
