El líder de Izquierda Unida española afirmó que la aprobación del decreto se enfrenta a importantes obstáculos, a pesar de que busca proteger la salud pública, a las personas vulnerables y a las de bajos ingresos.
Garzón también destacó la adopción de medidas menos populares, como la creación de un registro de autoexclusión interconectado en España. Este registro pretende unir los registros de autoexclusión de las 17 comunidades autónomas del país, que ya incorporan a 60.000 personas.
Antes de entrar en el receso de verano, el Ministerio de Consumo publicó su proyecto de decreto sobre un entorno de juego más seguro y avanzará en su desarrollo en otoño. El decreto se elabora en colaboración con la DGOJ y prevé nuevas normas relacionadas con los límites de las apuestas, la difusión de información sobre el juego seguro y el control de los "jugadores de alto riesgo".
Los titulares de licencias de juego en España también deben cumplir con un "enfoque de seguridad primero", lo que significa que ninguna empresa puede recomendar a un cliente que gaste más dinero. Después de cada sesión en línea, los operadores deben enviar a los clientes un informe detallado que incluya sus recursos y el tiempo dedicado al juego.
Además, los "jugadores de alto riesgo" no podrán utilizar tarjetas de crédito ni participar en ningún incentivo de tipo bonificado. Asimismo, los operadores estarán obligados a informar adicionalmente a los clientes jóvenes sobre los riesgos del juego.
