El proyecto de marco se ha dividido en tres áreas políticas: la información a los interesados sobre la exigencia de nuevas salvaguardias; los deberes y obligaciones de los operadores con licencia; y la protección de los consumidores contra los riesgos del juego intensivo, los trastornos psicológicos, la adicción y el juego de menores.
Además, el proyecto de decreto citaba que un mercado de juego regulado debe garantizar que los consumidores mantengan los derechos de seguimiento de su gasto/actividad en el juego y permitir que los jugadores se autoexcluyan completamente de todos los negocios de juego.
Por lo tanto, los titulares de licencias en España deben cumplir con un "enfoque de seguridad en primer lugar", en el que ninguna empresa puede recomendar a un cliente que gaste más dinero.
Con nuevas medidas de seguridad, el proyecto aprueba que los "casinos online" estén obligados a garantizar que los jugadores establezcan un "límite de gasto neto en cada sesión de apuestas" de un mínimo de 24 horas.
En el caso de las apuestas deportivas, se exigirá a los clientes que establezcan un "gasto mínimo de depósito y pérdida de apuestas", antes de poder realizar una apuesta y activar sus cuentas.
Después de cada sesión en línea, los operadores con licencia deberán enviar a los clientes informes en los que se detalle su actividad de gasto y el tiempo invertido en el juego.
Los sitios web de juegos de azar y las aplicaciones para móviles tendrán que incluir un enlace con información sobre el juego más seguro (bajo el nombre de "juego más seguro") en sus pantallas de inicio o en el menú principal.
Otras salvaguardias exigirán que todos los operadores con licencia ofrezcan una línea de ayuda en español, con personal formado según los estándares aprobados por la DGOJ.
Los jugadores considerados de "alto riesgo" no podrán apostar con las tarjetas de crédito ni se les ofrecerá ningún tipo de incentivo.
Por otra parte, y al igual que en el Reino Unido, el proyecto establece que los "clientes jóvenes" no podrán ser tratados como jugadores VIP y deberán recibir mensajes adicionales sobre los riesgos del juego.
La protección de los entornos de juego más seguros de España se verá respaldada por el establecimiento de un registro de autoexclusión compartido que funcionará en las 17 comunidades autónomas de España.
El mes pasado, el secretario general de la DGOJ, Mikel Arana, recibió una autorización de cooperación para rediseñar el sistema de registro de jugadores del RGIAJ del juego español, que pasará a estar bajo la gestión central de la DGOJ.
En este momento, el Ministerio de Consumo español pretende que el proyecto se certifique como un "Real Decreto de Entornos de Juego más Seguros", con el objetivo de que el mandato se convierta en ley en julio de 2022.
