El objetivo de España es reducir la densidad de los locales de juego. A pesar de los índices de ludopatía del país, el sentimiento antijuego sigue siendo fuerte. De hecho, Palma de Mallorca no es la primera comunidad española que se plantea limitar la densidad máxima de locales de juego. Recientemente, la isla de Baleares también se planteó medidas similares.
El Gobierno está contento con la nueva normativa
Neus Truyol, concejala de Vivienda Digna y Sostenibilidad de Palma, comentó cómo la nueva normativa cambiará el juego en la comunidad. Coincidió en que la regulación de la densidad hará mucho más difícil la introducción de nuevos locales e igual de difícil la ampliación de los antiguos.
A pesar de ello, Truyol compartió que está contenta con la nueva normativa. Según sus palabras, es lamentable la incesante expansión de locales en la Plaza de Santa Payesa. Por eso es necesaria una norma que impida que los locales crezcan sin parar.
España sigue siendo uno de los mercados de juego más estrictos
España ha endurecido aún más el control de los locales de juego al introducir una moratoria que prohíbe la apertura de nuevos locales. Según el Gobierno, no se permitirá la apertura de nuevos locales hasta que desaparezca al menos la mitad de los negocios existentes en la actualidad. En estos momentos, hay unas 140 salas por millón de habitantes, cifra que España quiere reducir a 75.
Esta moratoria llega tras otras dos moratorias de 2020 y 2021. En 2020, España prohibió temporalmente las nuevas salas y dejó de conceder licencias a nuevas empresas. El pasado mes de diciembre, introdujo otra moratoria que, posteriormente, sustituyó por una moratoria indefinida. España espera reducir el número de locales, especialmente en las regiones de alta densidad, como la mencionada isla de Baleares.
Por si fuera poco, España introdujo recientemente una prohibición de los anuncios de juego que prohíbe a las empresas promocionar sus productos durante la mayor parte del día. La prohibición fue impugnada posteriormente, ya que el Tribunal Supremo anunció que estudiará el asunto y decidirá si la prohibición es constitucional o no.
